La reunión de ministros de Asuntos Exteriores celebrada este miércoles en Bruselas para abordar la crisis en Egipto no sirvió para desatascar las relaciones anglo-españolas, cada vez más tensas por el conflicto en Gibraltar. El secretario del Foreign Office, William Hague, abandonó la reunión antes de tiempo; y su colega español, José Manuel García-Margallo, que antes había mostrado su intención de tratar “muy pronto” con Hague el contencioso entre los dos países, se quedó con el tiempo justo para preguntarle qué tal la familia y las vacaciones. Nada más.“La relación de confianza con las autoridades de Gibraltar se ha roto. Cuando se restablezca, es más que probable que podamos disminuir los esfuerzos [de control en las fronteras], que son muy gravosos para el Gobierno español”, dijo Margallo tras el encuentro.
Pese a las llamadas al diálogo y al entendimiento por ambas partes, la tensión va en aumento. Antes de entrar en la reunión, Hague acusó a España de llevar a cabo controles “desproporcionados y con una motivación política”. “No se debe subestimar la determinación de la gente de Gibraltar”, añadió el ministro británico.
España insiste en que está dispuesta a volver a dialogar inmediatamente, pero ello debe hacerse en el marco adecuado. O una negociación uno a uno —Madrid y Londres— o una discusión más amplia, en la que entren las autoridades gibraltareñas y las andaluzas. Mientras tendía una mano al diálogo, Margallo aseguró que el Gobierno “no va a renunciar a adoptar las medidas que considere necesarias para evitar daños a la economía nacional”. El ministro se refería a daños derivados del contrabando, del tráfico ilícito, del blanqueo de dinero o de ventajas fiscales que colocan en peor situación a las empresas españolas de la zona.
Para recuperar la confianza que reclama Margallo es importante que Gibraltar retire los bloques de hormigón vertidos al mar, bloques que “hacen inviable cualquier conversación sobre la pesca”, según el ministro.
El Gobierno está preocupado por las repercusiones medioambientales que pueda tener el envío de arena gaditana para construir un espigón en la cala este del Peñón para ganar terreno al mar. El Ministerio del Interior impidió el paso de los camiones cargados de arena; y Margallo defendió esta decisión como necesaria para proteger la Zona de Especial Conservación que el Gobierno decretó en “aguas colindantes” a Gibraltar. “Este decreto prohíbe los rellenos, los vertidos, el bunkering, etcétera”, dijo el ministro. Se prohibió “el paso de aquellos materiales que servirían para cometer un acto ilícito medioambiental”, añadió.
Margallo también abordó otros de los innumerables episodios de este culebrón veraniego en torno a Gibraltar: la tarifa de 50 euros que el Gobierno estudia implantar. La Comisión Europea ha asegurado que si lo que se pretende gravar es el paso de la frontera este impuesto sería completamente ilegal; pero que sí se podría crear como de pago por el uso de una infraestructura. Margallo replicó que esa explicación era tan solo una forma de “solemnizar lo obvio”, ya que el Gobierno se planteó esa tasa en todo momento por “la ocupación de un servicio público congestionado” en la Línea de la Concepción.
El ministro dijo estar “convencido” de que esta tasa está amparada por la normativa comunitaria y explicó que el Gobierno ha pedido “informes complementarios”. “A diferencia de Gibraltar, el Gobierno español tiene un exquisito respeto por la legalidad. Está muy estudiada, no es una improvisación”, añadió. Cuando el Ejecutivo esté seguro de que la tasa es conforme a la jurisprudencia de la UE, estudiará “el criterio de oportunidad política”. Si se aplica, nunca lo haría a los trabajadores residentes a ambos lados de la Verja y redundaría en beneficio de los pescadores “amenazados” por los bloques de hormigón lanzados por las autoridades gibraltareñas en la Bahía de Algeciras.
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